La reforma de la Ley del Aborto que prepara el Gobierno garantizará que las interrupciones voluntarias del embarazo se ofrezcan en todas las comunidades autónomas en "igualdad de condiciones" para todas las mujeres. Esto significa que las intervenciones se realizarán "en todo el territorio" a través de la red pública o de la red concertada, dentro del Sistema Nacional de Salud. Así lo han asegurado las ministras de Igualdad, Bibiana Aído, y de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, después de mantener un encuentro para reforzar su colaboración en ésta y otras cuestiones. No habrá, por tanto, objeción de conciencia que valga para ningún gobierno autonómico.
Y es que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), recientemente se ha mostrado partidaria de no cambiar la ley, lo que podría interpretarse como que su Administración, que tiene transferidas las competencias sanitarias, podría no hacer caso en el futuro a la nueva norma, como ya ha hecho con la asignatura de Educación para la Ciudadanía o la Ley Antitabaco.
Para que no haya 'tentaciones' en este sentido, Trinidad Jiménez ha lanzado una advertencia clara: "Lo que la legislación recoge es una ley de obligado cumplimiento para todos los responsables políticos, sean del partido que sean. Las leyes siempre son de obligado cumplimiento".
La nueva titular de Sanidad ha insistido en que es imprescindible "asegurar que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, incluida en el Sistema Nacional de Salud, se ofrezca en las comunidades autónomas con criterios de calidad, seguridad y equidad".
Eso sí, ha recordado que la objeción de conciencia de los médicos "es un derecho que siempre va a estar respetado". Otra cosa es que se busque "un equilibrio" con el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo.
Aído y Jiménez subrayan que el aborto deberá aplicarse gratis en todas las CCAA
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